Portugal adopta el modelo de mercado cerrado para su ley del juego online

Se concretaron los peores temores de todos los jugadores online que ahora mismo ejercen su actividad desde Portugal.

El Consejo de Ministros del país vecino ha aprobado un proyecto de Ley del Juego que sigue las pautas de las que ya están en vigor en Italia, Francia o España, un mercado cerrado y con una carga fiscal elevada que obligará a todos lo operadores que opten a licencias en Portugal a abrir sus salas bajo el dominio ".pt".

Como sospechábamos, esta regulación afectará no solamente a las apuestas deportivas, sino a  "jogos de casino, o póquer, os jogos de máquinas, o bingo, as apostas desportivas à cota e as apostas hípicas", en palabras extraídas de la comunicación de la página oficial del gobierno portugués.

La nueva Ley da por terminado el monopolio de la Casa da Misericordia de Lisboa, a la que se le compensa con una licencia única para juegos sociales y para las apuestas deportivas en tienda física, un acuerdo de mínimos que permitirá el lanzamiento de nuevos tipos de apuestas estatales.

El resto de juegos podrán ser explotados por todos aquellos operadores que cumplan los requisitos de idoneidad y solvencia financiera exigidos por el gobierno portugués que, según el diario Público, incluyen poseer un capital mínimo de 250.000€, tener sede en el país, operar en salas ".pt", llevar un registro individual de cada cliente y que todas las transacciones financieras pasen por una institución de crédito administrada desde Portugal.

La carga fiscal que tendrán que soportar los operadores se adaptará a cada modalidad de juego online ofrecida, en correlación con la que soportan los operadores físicos. Esto implica una horquilla del 15% al 30% de los ingresos brutos por comisiones (GGR) para los juegos de azar y del 8% al 16% para las apuestas hípicas.

El Secretario de Estado de Turismo Mesquita Nunes no quiso adelantar cifras sobre la recaudación esperada con esta nueva regulación, y abrió la puerta a modificar el texto con las enmiendas que surjan en el debate político que suscitará su presentación ante el Parlamento.

Según el diario portugués, el ejecutivo espera que dé tiempo a que la ley entre en vigor en este mismo año.