Retrasada la inevitable aprobación de la ley mexicana del Juego

La aprobación express de la nueva Ley del Juego de México sufrió un inesperado frenazo poco antes de qu termine el periodo de sesiones de 2014 -el 15 de diciembre es el último día-.

Los motivos son puramente burocráticos, y no siquiera tienen que ver con la ley. El presidente mexicano pretende llevar adelante ciertos cambios en la Constitución, y este y otros textos legislativos que han levantado controversia política en el país se han comido el tiempo del debate de la Ley del Juego.

No hay dudas sobre el final de la película, y menos después de ver como el trámite de la votación en la Cámara de los Diputados terminaba con 297 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones.

El texto ya es firme y será aprobado, aunque quedan en el aire las cuestiones básicas que todos los operadores y jugadores quieren saber sobre el mercado: la carga fiscal y la liquidez.

Como pudiste comprobar en su día, unos leímos en el articulado la posibilidad de una liquidez internacional, mientras otros dieron por hecho que el mercado sería segregado. Ni los propios creadores del proyecto saben responder a esta decisiva cuestión. En un intercambio de opiniones con varios jugadores lógicamente preocupados a través de Twitter, el presidente de la comisión que dio luz a esta ley dejó caer su preferencia por el modelo británico, ergo, liquidez compartida.

@mambartin eso si se debe resolver, exactamente con en UK. En eso estoy de acuerdo.

— Fernando Zárate S (@FernandoZarateS) diciembre 3, 2014

​Pero el texto ya no está en sus manos, y el famoso artículo 71, que indica que debe haber un servidor en suelo mexicano que permita el acceso de los inspectores a la información de todas las transacciones del operador, no aclara si ese servidor debe ser el de juego -como en España- o simplemente un método de acceso a las cifras y contabilidad de la sala, que permitiría que el de juego estuviera fuera de México. Hasta que se desarrolle la reglamentacón técnica, persistirá la duda.

Las primeras estimaciones sobre el porcentaje de impuestos a pagar por los operadores rondan peligrosamente el 20%, una mala noticia para los interesados a entrar en el mercado. Pero esto es pura rumorología.