Ley del Juego

El proyecto de Ley contra el fraude fiscal prevé sanciones por el uso de VPNs

Esquiu | 23/10/20
El proyecto de Ley contra el fraude fiscal prevé sanciones por el uso de VPNs
Por primera vez, el uso de sistema de enmascaramiento de IPs tendrá un apartado específico en la normativa del juego en España. Podría conllevar una multa de hasta 100.000€.

Como ya anunciamos hace unos días, el Real Decreto que regula la publicidad del juego se aprobará por ley en los próximos días.

Por otro lado, el pasado martes 13 de octubre, se aprobó por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, iniciando el plazo de quince días hábiles para la presentación de enmiendas. Tras la decisión de hoy por parte de la mesa del Congreso, se inicia su trámite parlamentario.

En lo que respecta al juego, este proyecto establece la modificación de la ley 13/2011 de 27 de mayo, de regulación del juego en varios aspectos, tanto para los operadores como para los usuarios.

Operadores

En los que respecta a los operadores, entre muchas otras, se añade un párrafo F) al apartado 5 y se modifica el apartado 8:

«f) Colaborar en la lucha contra el fraude mediante la elaboración y aplicación de un manual de prevención de lucha contra el fraude que incluya una descripción de los procedimientos y medidas implementados para la identificación de los diferentes escenarios de fraude y su tratamiento. A estos efectos, los operadores deberán informar a la autoridad encargada de la regulación del juego sobre las operaciones detectadas como fraudulentas y sobre la identidad de los jugadores que participen en ellas. No se requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones previstas en este párrafo.”

«8. Perseguir el juego no autorizado, ya se realice en el ámbito del Estado español, ya desde fuera de España y que se dirija al territorio del Estado, pudiendo requerir a cualquier proveedor de juegos o de servicios de juego, servicios de pago, entidades de prestación de servicios de comunicación audiovisual, medios de comunicación, servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas, agencias de publicidad, redes publicitarias y entidades patrocinadas, información relativa a las operaciones realizadas por los distintos operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante o el cese de los servicios que estuvieran prestando.»

Usuarios

Por la parte de los usuarios, lo más reseñable es que se añade un párrafo f) al artículo 41 con la siguiente redacción:

«f) Participar desde España, a través del uso de técnicas de enmascaramiento de direcciones IP territoriales españolas, en las actividades de juego a las que se refiere el artículo 2.1 ofrecidas a través de páginas distintas de las legalmente habilitadas por operadores de juego con título habilitante en España.»

Por primera vez, en caso de que se apruebe  esta redacción, el uso de VPNs y otros sistema de enmascaramiento de IPs tendrá un apartado específico en la normativa del juego en España.

Recordemos que el artículo 41 es aquel que establece las Infracciones Leves que se pueden producir en relación con la Ley del Juego y que la misma ley, en su artículo 42, establece que las Infracciones  Leves serán sancionadas por la Comisión nacional del Juego y que pueden ascender hasta los 100.000 € de multa.

Además de limitaciones en el efectivo y otras muchas cuestiones, el proyecto de Ley entra en el asunto de las criptomonedas o monedas virtuales estableciendo dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa de las mismas. 

Al tratarse de un proyecto de ley, además de las enmiendas y otros trámites en la propia Comisión, deberá pasar posteriormente el trámite de Congreso y Senado, por lo que su aprobación definitiva no se producirá antes de unos meses, si bien María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del gobierno declaró que la aprobación de esta ley es una “absoluta prioridad” para la lucha contra el fraude fiscal.

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