La Comisión de Alderney mete la pata con el DoJ

El Departamento de Justicia norteamericano, en virtud de la ley UIGEA que prohibe las transacciones financieras relacionadas al juego online, congeló a lo largo de los últimos años diversas cuentas bancarias de procesadores de pagos que contenían fondos de Full Tilt Poker. La actuación del DoJ culminó con el tristemente famoso Black Friday, que provocó nuevas confiscaciones.

A mediados de octubre, siguen saliendo noticias acerca de nuevas congelaciones de fondos, como los 20 millones de dólares que la justicia suiza congeló el 26 de septiembre y que estarían relacionados con la ampliación de la demanda civil que el DoJ presentó en esas fechas.

El regulador basado en la isla de Alderney, la AGCC, terminó por suspender varias de las licencias de juego que había otorgado a FTP a finales de septiembre. En el anuncio de esta medida afirmaba que Full Tilt les había ocultado su situación financiera y que había presentado como fondos líquidos al menos 331 millones de dólares que en realidad estaban requisados por el DoJ estadounidense.

Esta cifra, muy cercana a los 390 millones de dólares en que se cifra el total de los balances de las cuentas adeudados por la sala a sus jugadores, levantó ampollas entre la comunidad. Fue muy duro saber que los fondos retenidos podían equivaler a un porcentaje muy significativo del dinero los jugadores y que es muy improbable que se usen para satisfacer esa deuda.

Antes de ese anuncio de la AGCC, la cifra que manejaban los diversos medios era bastante menor.

La web Subject: Poker ha llevado a cabo una detallada investigación que ha echado por tierra las cifras que la AGCC ofreció al público.

Según S:P. la cifra total de fondos confiscados por el Doj es de 158.793.000$, mucho menos de la mitad de lo que indicó en su momento la AGCC.

El tribunal de la AGCC refería al documento JS21(I), no incluido en los documentos hechos públicos, como fuente de la cifra indicada. Este documento incluiría entre los fondos confiscados tanto los 42 millones robados por Daniel Tzvetkoff como los 128 millones de dólares que FTP acreditó a los jugadores estadounidenses que depositaban mediante cheques electrónicos que la sala no tenía cómo hacer efectivos.

S:P habría fracasado en su intento de contactar con la AGCC para confrontar esta información y averiguar a quién se debe la redacción del citado documento, tan lleno de incorrecciones. Sin embargo sí ha provocado la publicación de una escueta nota de prensa en la que la AGCC reconoce su error sin dar más datos. Los 331 millones serían el total de fondos fuera del alcance de FTP, de los cuales sólo parte estarían retenidos por el DoJ, como afirma S:P.

En otro orden de cosas, las negociaciones del grupo Bernard Tapie y el DoJ para saldar las obligaciones legales que dificultan la adquisición de FTP por parte del inversor francés siguen adelante. Según Gaming Intelligence, el Grupo Bernard Tapie está representado en estas negociaciones por el abogado que negoció las multas que Neteller y Party Poker tuvieron que hacer efectivas para satisfacer las demandas presentadas tras la entrada en vigor de la UIGEA.

Party Poker terminó pagando una multa al DoJ de 105 millones de dólares, de los que aún debería 40, mientras que el acuerdo con Neteller se elevó a 136 millones de dólares. Es improbable que el DoJ se conforme con menos de eso en relación a la demanda presentada contra Full Tilt, PokerStars y Absolute.