SIGS 2012: ley del juego y la teoría de los plazos previstos

Ayer se celebró en Madrid el foro Spanish i-Gaming Summit, un evento organizado por JAK Comunicación y El Recreativo, al que asistí por cortesía de los organizadores, así que lo primero que toca es agradecer a Kepa Conde Zabala la invitación.

Bajo el epígrafe “España juega online” se reunió en la capital la plana mayor de la industria, principalmente para escuchar la ponencia de Enrique Alejo González, Director de Ordenación General del Juego, con la mirada puesta en el proceso de otorgamiento de licencias de la ley del juego.

Los interrogantes que se han generado durante todo este proceso, especialmente tras el aplazamiento del mes de diciembre que sitúa la fecha de entrada en vigor del régimen sancionador en el 1 de julio, el relevo al frente de la DGOJ y la posterior sustitución de Juan Carlos Alfonso, han situado a todo el sector en un estado de incertidumbre general y cierto desánimo que era palpable en todas las conversaciones.

El escenario de tensión entre los operadores de juego tradicional, con Codere como el actor más beligerante (véase el caso del cierre de MiApuesta), y las empresas del sector online, sigue sumando capítulos mientras la semana pasada nos encontrábamos con una batería de artículos en distintas publicaciones donde se hacía patente que esta guerra seguía avanzando. Los cambios en la DGOJ parecen haber espoleado el abandono de las trincheras de uno de los bandos para lanzarse directamente al combate cuerpo a cuerpo.

Así las cosas, el cabeza de cartel abría el foro ante una audiencia expectante que solo quería escuchar una cosa: la fecha de concesión de las licencias. De la comparecencia de Enrique Alejo destacamos el mensaje de que la DGOJ estaba analizando los expedientes de las licencias “con tranquilidad” y con el objetivo de cumplir los “plazos previstos”.

En los corrillos posteriores el concepto de los “plazos previstos” se descifraba de diferentes formas. Unos apostaban por la fecha de finales de mayo en virtud de ciertos plazos marcados por la posibilidad de que un silencio administrativo en la concesión de licencias complicara aún más el proceso (aunque hay dudas sobre la validez de esos plazos de silencio administrativo tras las subsanaciones en el proceso). Otros entendían que ese plazo previsto se refería a la moratoria para la entrada en vigor del régimen sancionador de la ley del juego que se extiende hasta el 30 de junio. Algunos optaban por desentenderse directamente del mensaje y apostar por cualquier escenario posible, como una nueva moratoria o un periodo de blackout (sin licencias y con el régimen sancionador en marcha; es decir, en la ilegalidad manifiesta que obligaría a los operadores a cesar la actividad) para revisar aspectos de la ley.

El abanico de posibilidades, especialmente teniendo en cuenta lo ya vivido hasta ahora -las licencias ya deberían haber sido concedidas en diciembre- sigue abierto y con uno de los vértices del triángulo, el del sector del juego tradicional, que parece haber visto una ventana de oportunidad.

A este respecto, Alejo, en un evidente guiño, afirmó que el modelo de negocio presencial estaba siendo “afectado” y que en el proceso regulador debía garantizarse que las empresas jugaran “en igualdad de condiciones”. 

Unas horas después, en la mesa redonda titulada “Convergencia offline/online” Jaime Estalella, Director de Operaciones de Codere, hablando genéricamente sobre el proceso lanzó un comentario -“... si conseguimos cambiar alguna cosa”- que llamó la atención de más de uno. Si el subconsciente traicionó al señor Estalella enunciando una posibilidad espoleada por su compañía más que un deseo genérico es algo que no podremos saber... de momento. La sensación general es que Codere se está moviendo. Falta saber la capacidad de sus fuerzas.

Alejo expuso que una de las dificultades del proceso regulatorio con las que se había encontrado es la falta de datos sobre el peso económico de la industria. También se lanzó un mensaje claro de tolerancia cero respecto a los operadores que no cumplan con la regulación. Insistió en la salvaguarda de los intereses de las empresa que van a acometer una fuerte inversión en la licencias por lo que se supone que la lucha contra el mercado negro va a ser una prioridad.

Se confirmó que no se creará la Comisión Nacional de Juego (las competencias seguirán en manos de la DGOJ) se habló sobre coordinación con otros países europeos (sin más datos), protección de menores, lucha contra el fraude, etc. Y poco más. No había turno de preguntas. La media hora que duró su comparecencia dejó a todo el mundo con la frustrante sensación de salir poco más o menos como habíamos entrado.

Tranquilidad y plazos previstos. Ese es el resumen. Sea lo que sea lo que quiera decir.

Del resto de ponencias y paneles del día nos quedamos con algunas ideas resumidas.

Fernando Prats Máñez, Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid, habló de la experiencia regulatoria madrileña que ya ha concedido dos licencias (Casino Gran Madrid y recientemente Codere) basándose en la competencia sobre juego de las comunidades autónomas y la falta de una regulación a nivel estatal hasta el momento. Estas licencias solo son efectivas para prestar servicios a ciudadanos residentes en la Comunidad.

En Madrid la empresas deben tributar al 10% de los ingresos brutos (en la ley del juego española es 25%) y Prats reconoció que ese tipo impositivo era demasiado bajo. En su opinión debería converger con la ley estatal hacía un tipo del 15%-20%. Con la sintonía política actual entre los gobiernos de Madrid y España, ambos en manos del Partido Popular, este comentario podría dejar entrever una puerta abierta hacia una bajada del tipo del 25% aunque de cara al futuro. Es muy dudoso que esta reducción impositiva pueda llevarse a cabo para la salida de la ley, habida cuenta de la situación económica general del país y de las subidas de impuestos en casi todos los ámbitos.

Otro dato interesante que lanzó Prats es el hecho de que las bases de datos sobre las que se cotejan las identidades de los usuarios para su registro en los servicios de juego son las de la Agencia Tributaria; en Madrid y también lo serán en España.

En este mismo panel, Felipe Ludueña, Director de Sistemas de Información de Codere (empresa con una licencia de la Comunidad de Madrid) insistió en que era necesario “igualar el terreno de juego” en referencia a los operadores online que parten con la ventaja competitiva de llevar operando durante años y tener creada ya su base de clientes. Jorge Casanova Ruiz-Ocejo, Director de Sistemas de Casino Gran Madrid, opeando online para los madrileños desde noviembre, señaló que el 70% de sus clientes online son clientes del casino físico.

Mauro de Fabritiis, Director de Desarrollo Internacional MAG Consulenti Associati, hizo una presentación sobre el espacio competitivo que se espera para la salida del mercado regulado y su análisis debería ser un toque de atención: gran cantidad de operadores trabajando en un esquema de reducción de márgenes para poder competir lo que provocará la salida del mercado a corto plazo de aquellos con un peor conocimiento del sector.

Y hasta aquí algunos de los temas más interesantes para el público que dieron de sí en esta edición del Spanish i-Gaming Summit 2012.

La gran duda con la que todo el mundo acudía a la cita quedó sin despejar. Si hubiéramos hecho una encuesta entre los asistentes, la mayoría probablemente diría que habrá licencias de juego antes del mes de julio. Eso dependiendo de la capacidad de influencia que el sector más descontento puede ejercer.

Un nuevo retraso en la concesión de licencias dejaría al sector en un estado de peligrosa indefinición por no hablar ya del cataclismo que podría suponer un periodo de blackout para nada deseable. Tampoco creemos que la imagen del gobierno y la DGOJ saldría especialmente reforzada ante nuestros socios europeos (con los que tendrán que trabajar en un futuro entorno de liquidez compartida) si el proceso sigue dilatándose y avanzando a trompicones.