El Senado insta a aprobar el Reglamento de Publicidad y Juego Responsable

El pleno de Senado, reunido ayer miércoles, ha aprobado una moción de seis puntos presentada por la senadora del PP Silvia Franco, por la que como punto principal se insta a los organismos competentes a iniciar la tramitación formal para la aprobación del Reglamento de publicidad y juego responsable, tal y como establecen los artículos 7 y 8 de la Ley del Juego.

En primer lugar, hay que hacer notar que el uso genérico del nombre del Senado en el titular es rigurosamente descriptivo, pues esta moción fue consensuada por todos los grupos antes de ser presentada ante el pleno, y como tal fue aprobada por unanimidad.

​Los seis puntos que componen la moción son los siguientes.

• Solicitamos que se comience el procedimiento de elaboración del que será el Reglamento de publicidad y de juego responsable, que va a desarrollar los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011, de regulación del juego
• Incluimos la necesidad de restringir los horarios de las publicaciones comerciales del juego online para proteger a los menores.
• Pedimos la prohibición total de comunicaciones comerciales del juego online en aquellos espacios dirigidos específicamente a menores, como podrían ser webs, aplicaciones o páginas de Internet.
• Hay que seguir incidiendo y desarrollando campañas de sensibilización dirigidas a la población de mayor riesgo y a los menores.
• La necesidad de establecer restricciones al patrocinio deportivo.
• ​La necesidad de seguir desarrollando una regulación clara y precisa de los programas de incitación al juego y también sobre la posibilidad de estudiar la inclusión en la estrategia de juego responsable de la eliminación de las técnicas de inducción para los sectores más vulnerables, en especial, los menores.

Es sangrante que haya que recordar que las normas sobre publicidad y juego responsable se incluya en la mínima parte de la Ley de Juego que queda por desarrollar reglamentariamente, cuando se ha vendido la necesidad de regular el sector básicamente sobre la premisa de la protección del menor, de la lucha contra las patologías asociadas al juego y la actuación contra los delitos financieros.

Obviamente, sobre los puntos que hacen referencia a la exposición de los menores a técnicas de inducción al juego no tenemos el menor género de duda. Solo cabe puntualizar que el punto 3 es demasiado inconcreto, y la propia señora Franco, que abundó en cada punto tras su enumeración, en este no añade una sola palabra más.

Si se refiere a productos y mensajes multimedia dirigidos a la infancia, dudamos mucho que contengan anuncios sobre juego online, y si se refiere a cualquier otro medio accesible por un menor, es cuestión de educación por parte de los tutores del menor, pues cualquier adolescente puede visitar a diario publicaciones deportivas o musicales y aplicaciones de cualquier tipo dirigidas a un público adulto. Si no, habría que prohibir cualquier tipo de publicidad.

En el mismo caso nos encontramos en lo que se refiere al patrocinio deportivo, aunque solo ver la foto que ilustra esta noticia habla bien a las claras de que hay muchos aspectos a mejorar y su inclusión en la moción es más que necesaria, pero no hasta el punto al que se atrevieron a llegar algunos portavoces del resto de los grupos en los que alguno abogaba por su total prohibición.

Tanto en estas intervenciones del resto de portavoces como en la exposición inicial de la señora Franco, las buenas intenciones y los argumentos se vieron trufados de referencias a datos que en ocasiones son realmente difíciles de contrastar, como la existencia de un millón de españoles con problemas derivados del juego o que más de un 20% de adolescentes españoles sufran indicios de adicción a Internet. En otras, son directamente falsos y tendenciosos.

Sobre todo es inadmisible que, no en una, sino en dos intervenciones, se dijo que la industria del juego ingresa cinco mil millones de euros y, sin embargo, surte a las arcas públicas de "solo" cincuenta millones, lo que sirvió al senador socialista señor Cascallana para soltar esta insensatez.

No hace falta hacer muchas reflexiones para ver que la tributación es baja en un elemento como el juego, que debería tener unas tributaciones mucho más altas; seguramente habrá alguna estrategia financiera que elimine la contribución a las arcas públicas de este sector económico.

La estrategia financiera se llama tributar religiosamente un 25% sobre los ingresos brutos. Los supuestos cinco mil millones de euros corresponden a las cantidades jugadas, de las que no se han descontado aún los premios. Esta confusión no puede ser tan recurrente tras tres años de regulación, y menos para sacar semejantes conclusiones. Un mínimo de seriedad.