El DoJ ataca de nuevo

Si los dueños de Full Tilt Poker creían que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se iba a olvidar de ellos después de que la venta de Full Tilt a PokerStars se completara, estaban muy equivocados.

Tal y como leemos en PokerFuse, la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan ha vuelto a la carga, esta vez fijando su objetivo en los dueños de la antigua FTP: Ray Bitar, Howard Lederer, Chris Ferguson y Rafe Furst.

Este anuncio podría ser una especie de respuesta a los abogados de los dueños de FTP, que estaban insistiendo de forma muy testaruda las dos últimas semanas en que el caso de sus clientes debería ser revisado inmediatamente tras la sentencia del caso DiCristina, en el que el juez Weinstein afirmaba que el poker es un juego de habilidad y que no podía estar sometido a la jurisprudencia de la IGBA (Illegal Gambling Business Act).

Con esta demanda civil, la fiscalía solicita que se confisquen a los acusados bienes por un valor de 136 millones de dólares que corresponderían a un incremento patrimonial obtenido por estos cuatro señores mediante los beneficios de Full Tilt Poker. Entre ellos, coches de lujo, planes de pensiones millonarios y propiedades inmobiliarias.

Según el DoJ, los socios de Full Tilt Poker habrían obtenido cerca 450 millones de dólares en concepto de beneficios. Probablemente el DoJ no consideraría esto punible de no ser porque la Fiscalía está profundamente convencida de que Full Tilt operaba como un esquema Ponzi.

El DoJ estima que en el momento del cierre, Full Tilt tenía aproximadamente 1.200.000$ en fondos disponibles para hacer frente a pagos, y debía 30.000.000$ solo en concepto de cashouts pendientes de los jugadores. Si vamos más allá y nos fijamos en el dinero que en ese momento estaba circulando por la sala, la cifra asciende a más de 300 millones de dólares, montante que nunca habría estado realmente “apartado” en las cuentas de FTP debido a la falta de segregación de fondos en la compañía y cuya cantidad disponible sería muy inferior debido los excesivos pagos a todos los accionistas de la compañía. Todo esto sin contar el importante número de depósitos fantasma de Estados Unidos que nunca se llegaron a materializar en las cuentas de la empresa pero que sí aparecieron en el cajero de los jugadores en la sala.

El DoJ considera que estos cuatro señores son los principales responsables de estas operaciones y de que la compañía no pudiera hacer frente al pago a los jugadores cuando el negocio se vino abajo.

Desde luego, los abogados de Bitar, Lederer, Ferguson y Furst se lo van a pensar dos veces antes de volver a entrar en el terreno de las exigencias si no quieren acabar embarrados hasta las orejas, porque el DoJ no se anda con tonterías.