La defensa de Paul Phua ataca los métodos del FBI

Los abogados de Paul Phua, el millonario asiático detenido por dirigir una red de recogida de apuestas ilegales desde el Caesars Palace de las Vegas durante las WSOP, esperan poder desmontar el caso utilizando la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Esta enmienda en particular proviene de los permisos de registro que los recaudadores de impuestos británicos recibían para buscar bienes de contrabando antes de la Revolución americana, hace dos siglos y medio. Como no expiraban, estas órdenes se utilizaban abusivamente a voluntad del oficial que la había conseguido para entrar donde le apetecía en el momento que viera oportuno.

Por ello, la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidenses establece que todo registro o embargo debe ser aprobado por una orden judicial, siempre basada en una causa probable.

En el caso de Paul Phua y su hijo, y del resto de los detenidos en Las Vegas, los agentes intentaron establecer esa causa probable haciéndose pasar por técnicos informáticos, pero los sospechosos no les permitieron entrar en las villas de 25.000$ al día que ocupaban en el Caesars Palace.

Ante esa negativa, los federales decidieron provocar un corte de la Red durante la retransmisión de los partidos de la Copa del Mundo de fútbol que se jugaba en Brasil y sobre la que se efectuaban la mayoría de las apuestas, convenciendo de esta manera a los habitantes de las villas a aceptar la presencia de los técnicos. Los agentes no tenían nada que arreglar allí, y se dedicaron a grabar vídeos ocultos que luego sirvieron como prueba para obtener las órdenes de arresto.

Para la defensa, este proceder consistente en introducirse en la propiedad privada mediante un subterfugio que hace que el investigado permita el paso al agente tras provocar él mismo un problema de suministros, abre la puerta a que el gobierno se salte cuando le venga en gana la obligación de establecer causas probables y solicitar una orden de registro antes de efectuarlo: se le corta la luz o el agua al domicilio al que quieren entrar y todo solucionado.

La noción del consentimiento individual a semejante tipo de registros -de manera que el Gobierno puede ignorar el requerimiento explícito de una orden que figura en la Cuarta Enmienda- es, en una palabra, absurda. Nuestras vidas no pueden ser privadas -ni nuestras relaciones íntimas- si cada conexión física entre nuestras viviendas y el mundo exterior puede funcionar como una excusa fabricad para que el gobierno lleve a cabo un registro secreto, fuera de toda sospecha y carente de una orden.

Esta es la línea argumental que seguirán lo letrados contratados por Phua para intentar echar abajo buena parte de las pruebas que se podrían presentar contra su cliente durante la vista del próximo mes de diciembre, que el high roller espera en libertad bajo la fianza pagada por, entre otros, Phil Ivey y Andrew Robl.

Entre los documentos publicados para sostener esta noticia por parte de arstechnica (vía Pokerfuse), se puede leer también alguna que otra curiosidad, como que las entradas al Big One for One Drop de Philipp Gruissem e Igor Kurganov fueron pagadas por Richard Yong, otro de los involucrados en las detenciones de junio.