Ataques contra la reforma de la ley del juego en el Reino Unido

El gobierno británico pretende seguir adelante con el nuevo impuesto del 15% a las empresas de fuera del Reino Unido que ofrezcan sus servicios a los jugadores de las islas.

El impuesto basado en el lugar de consumo del servicio (Place of Consumption Tax) pretende solucionar la pérdida de ingresos que sufrió el país cuando todos los operadores -con la contadísima excepción de bet365- abandonaron las fronteras británicas para evitar los impustos que se pretendían cobrar con la Ley del Juego de 2005, que aún está en vigor.

Este impuesto y la obligación de tener una licencia otorgada por el gobierno británico para operar son las dos mayores novedades de la nueva ley prevista para diciembre de 2014 y que algunas fuentes creen que se puede adelantar unos pocos meses.

Últimamente, empresas como William Hill y reguladores como los de Malta y Gibraltar  han estado cuestionando la legitimidad del nuevo marco regulatorio. Los tratados europeos sobre el juego impiden establecer un nuevo marco regulatorio si no es para salvaguardar los intereses del consumidor y pelear contra los problemas de competencia que pueda causar el juego no regulado.

Como es obvio por la cantidad de jugadores de todo el mundo que eligen el Reino Unido para establecerse, no parece que los jugadores de este país tengan ningún tipo de problema. Los representantes de William Hill  lo exponían así ante el comité ministerial que examina el posible impacto de la nueva ley (vía PokerFuse).

No hay ningún problema social significativo causado por el juego -el propio informe previo del ministerio así lo dice expresamente-.

Tampoco hay evidencias de que los consumidores del Reino Unido se enfrenten a un mercado de juego remoto injusto o desordenado; es exactamente lo contrario.

Quedan muy pocas dudas de que las proposiciones de regulación se estan usando simplemente como una débil excusa para imponer nuevos impuestos.

La regulación del juego en el resto de Europa siempre ha tenido como objeto terminar con monopolios estatales y/o liberalizar el mercado, cosa que los críticos con los cambios anunciados niegan que sea necesaria en el Reino Unido.

Lo que pretenden las empresas que operan con clientes británicos desde fuera del país a través de comisiones reguladoras aprobadas por la lista blanca del gobierno británico es que se rebaje la tasa a niveles similares a los de Dinamarca o Bélgica y que los esfuerzos regulatorios se centren en evitar que las salas sin licencia ofrezcan sus servicios, algo que el bloqueo de webs o la prohibición de publicidad no consigue con eficacia.,

Desde Gibraltar, se avisa que se han recaudado 500.000 libras para costear una batalla legal en los tribunales europeos, que podría estallar si se ignoran las recomendaciones expuestas ante el comité.

Sin embargo, el ministerio ha contraatacado con nuevos argumentos, a través del secretario permanente del Departamento de Cultura, Medios y Deporte, Jonathan Stephens. Al parecer, se ha malinterpretado el informe ministerial previo sobre el impacto de los cambios a la Ley del Juego. Cuando se dice que aún no se ha detectado ningún problema social significativo causado por el juego, lo que se deja es la puerta abierta para identificarlos con propiedad y justificar así el nuevo modelo de regulación.

Lo siento, no es mi competencia andar especulando sobre las implicaciones, a nivel de leyes europeas, que tendría que estuviéramos cambiando la regulación solo por razones impositivas, porque no es así.

Sea cual sea el resultado de la pelea, los jugadores establecidos en el Reino Unido probablemente tendrán que trabajar en dominios “.co.uk” a partir de la segunda mitad de 2014, aunque mantendrán la liquidez internacional y el tratamiento impositivo de sus ganancias. Como mucho, verán empeorados sus programas VIP por la repercusión de la nueva tasa, sea su importe del 15% o finalmente menor.